Escrito por: Luis Alfredo Villalba Ruiz
(Resumen)
El tiempo continuo de vida en democracia, ha enseñado que es necesario planear el futuro, no como hace algo más de medio siglo, cuando prevaleció la idea de un estado omnipotente, sino como el planeamiento capaz de involucrar a los actores de la sociedad en torno a planes concertados que ayuden a viabilizar el desarrollo sostenible del país.
Una práctica del público y del privado, que apunta a ordenar y planear sus inversiones con la intención de involucrarse con la sociedad, más allá de lo solamente económico. La creación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ha contribuido a familiarizarse con el paso obligado por el proceso de planeamiento para viabilizar las obras más sentidas, en cada uno de los rincones del país.
Como consecuencia empezamos a tomar conocimiento que no es perfecto y requiere de ajustes obligados para que no solamente sirva para sembrar cemento y plantar rejas; el bienestar nos dice que la satisfacción de un recurso presupuestal bien utilizado, pasa por solucionar problemas, desencadenar sinergias que atraigan más inversión y ser los protagonistas de la historia y construcción de la sociedad que legaremos.
No requerimos que nos regalen el pan, queremos ganarlo con el sudor de la frente y no estirar de por vida la mano.
El planeamiento, cuantos más recursos abarca para materializar una idea, es más complejo, aunque cuando no involucra muchos basta la imagen mental en quien la ha concebido. Concluyo con la idea que el planeamiento presenta un aceptable nivel de institucionalización consentida por la mayoría de quienes hoy transitamos el siglo XXI.
Aún, el planeamiento, se encuentra en riesgo de ser crucificado si no demuestra que es de crucial ayuda para un crecimiento ordenado, transparente y sostenible, integrador, equitativo e inclusivo. Es allí donde estamos obligados a señalar que las noticias del día a día sobre malversación de recursos públicos, uso inadecuado del presupuesto aprobado, complicidad en festinación de trámites, otorgamiento de concesiones turbias y ahora beneficios usureros por la inversión de capitales, son demostración que no hemos logrado ordenar y transparentar aún la gestión de tales planes.
Para separar la paja del grano y ver con claridad es necesario completar la idea de planear y solamente será posible cuando el control y vigilancia durante la ejecución permita diferenciar: los recursos involucrados, la calidad propuesta del bien o servicio e identificar los efectos de cambio logrados en la población. Lo contrario promueve el facilismo de poner todo en un solo costal y concluir que todo está mal.
No se trata de ser Anti minero o Pro minero, se trata que a diferencia de la empresa y sus propietarios, el estado desde el nivel nacional hasta el local desconoce las bondades del recurso que se va a explotar y los recursos que se va emplear en la explotación, desconoce el modelo de explotación concebido y finalmente no está en condiciones de establecer de manera fehaciente los efectos que generará en la población y productores.
No se trata de si EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESTÁ RUBRICADO Y SUSTENTADO CON LAS ACTAS FIRMADAS, se trata de involucrar a los agentes participantes en el manejo de los recursos, pero además en la calidad de los modelos a realizar y en identificar los cambios que se espera lograr en las poblaciones y productores para que el plan sea sostenible al margen de las voluntades y aves de paso.
Tres golpes de vista para diferenciar los procesos: de medición de los recursos implicados, de análisis de los modelos propuestos y de mejora del conocimiento. Es nuestro siglo, muy pocos pasaremos al siguiente, Transeúnte del siglo XXI, es una invitación a no dejar que pase sin verlo.